Gobernar para las cámaras

Cuando gobernar se convierte en espectáculo, el problema ya no es el orden de la calle, sino el desorden de las prioridades.

“Venimos a esta colonia a realizar nuestra tarea con la Operación Rastrillo. Venimos a poner orden y aplicar la ley”. La alcaldesa habla con voz firme, tono autoritario y una seguridad que parece diseñada tanto para el infractor como para la cámara que la está grabando.

En otro punto de la ciudad, un alcalde, mucho más moderado en las formas, pero igualmente empeñado en demostrar autoridad, anuncia que no permitirá que se violen los reglamentos. Lleva un pesado mazo en la mano y, con cierta torpeza, comienza a derribar estructuras metálicas que invaden la vía pública.

En otra latitud, una alcaldesa con jeans y camisa arremangada, encara a propietarios de automóviles y talleres improvisados:

—Vecino, ya le notificamos. Tiene que retirar sus vehículos. No puede utilizar la vialidad para hacer reparaciones de taller.

Y pregunta cuándo estará despejada la calle.

Las escenas tienen algo en común: la autoridad ya no sólo gobierna; también actúa para las cámaras.

Retirar tambos, cubetas de cemento, bancas, mesas, estructuras metálicas, vehículos abandonados, puestos removibles o enseres comerciales se ha convertido en una de las imágenes recurrentes de la política municipal y de las alcaldías.

Y no hay nada ilegal en hacer cumplir la ley.

Al contrario.

El espacio público pertenece a todos y la autoridad tiene la obligación de protegerlo. Cuando una pérgola obstruye una banqueta, cuando un puesto impide el paso, cuando un vehículo abandonado ocupa permanentemente una vialidad o cuando un comercio invade un espacio sin autorización, el gobierno debe intervenir.

El problema comienza en otro lugar.

¿Cuándo la aplicación de la ley deja de ser gobierno y empieza a convertirse en espectáculo?

El alcalde con mazo. En marzo de 2026, la Alcaldía Cuauhtémoc informó que durante una semana había recuperado 9,165 metros cuadrados de espacio público y retirado 5,100 kilogramos de obstáculos, además de estructuras que impedían el paso. En julio volvió a reportar operativos contra pérgolas y enseres colocados sin autorización.

La demarcación de Benito Juárez, por su parte, informó en 2025 el retiro de 334 puestos fijos y semifijos y 2,282 enseres que obstruían la vía pública.

Los números son importantes, pero una administración pública no debería medirse solamente por cuánto derribó, retiró o decomisó, sino por cuánto resolvió.

Porque un gobierno puede retirar cien puestos y seguir teniendo calles inseguras.

Puede levantar doscientas mesas y mantener fugas de agua.

Puede cargar en una camioneta decenas de tambos y continuar con un sistema deficiente de recolección de basura.

Puede aparecer con el mazo en la mano y dejar intacto el problema que verdaderamente le quita el sueño al ciudadano.

Y aquí aparece el dato que debería incomodar a más de un gobernante:

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI señala que, en marzo de 2026, 82.7% de los adultos identificó los baches en calles y avenidas como uno de los principales problemas de su ciudad.

No es una percepción marginal.

Es una mayoría abrumadora.

El segundo gran problema fue el suministro de agua potable: 59.2% mencionó fallas o fugas. Después apareció el alumbrado público insuficiente, con 56.3%; la delincuencia, con 52.1%; y los hospitales saturados o con servicio deficiente, con 51.4%.

La pregunta entonces resulta inevitable:

¿Por qué la cámara parece encontrar con tanta facilidad al alcalde retirando una mesa, pero cuesta tanto encontrarlo resolviendo los problemas que más preocupan a la ciudadanía?

El bache también tiene votos

Hay una paradoja extraordinaria en la política local mexicana.

Los gobiernos descubrieron hace tiempo que una pala, un chaleco, una camioneta oficial y una cámara producen una imagen política extraordinariamente rentable.

El funcionario se pone los guantes.

Toma la pala.

Agarra el mazo.

Sube a la camioneta.

Retira una estructura.

Y sonríe.

La fotografía está lista.

El problema es que la ciudadanía no vive dentro de la fotografía.

Vive en la calle.

Y esa calle tiene baches.

Tiene fugas.

Tiene basura.

Tiene luminarias que no funcionan.

Tiene problemas de drenaje.

Tiene inseguridad.

Tiene transporte deficiente.

Tiene banquetas intransitables.

El propio INEGI registra que 98.3% de la población adulta identificó algún problema en su ciudad durante marzo de 2026.

Es decir, prácticamente nadie está viviendo en una ciudad que considere libre de problemas.

Por eso la comunicación gubernamental debería hacerse una pregunta muy sencilla:

¿Estamos comunicando lo que hacemos o estamos comunicando lo que queremos que la gente piense de nosotros?

La diferencia es enorme.

La autoridad no necesita demostrar que es autoridad cuando retira objetos de la calle.

Un gobierno serio no necesita levantar un mazo para demostrar que tiene autoridad.

La autoridad se demuestra cuando se aplica la ley con criterios claros, procedimientos transparentes y la misma vara para todos.

Y aquí aparece uno de los grandes riesgos políticos de estos operativos: la percepción de discrecionalidad.

Porque el ciudadano no sólo observa quién fue retirado.

Observa quién no fue retirado.

Ve al comercio informal que desaparece de una esquina y reaparece unos metros adelante.

Ve al negocio al que le permiten ocupar una parte de la banqueta y al pequeño comerciante al que le retiran una mesa.

Ve al puesto que permanece durante años y al vecino que recibe una notificación en cuestión de días.

No afirmo que todos estos casos respondan a corrupción o acuerdos políticos.

Sería irresponsable generalizarlo.

Pero sí existe una pregunta legítima que los gobiernos deberían responder:

¿Se aplica la norma con la misma intensidad, independientemente de quién sea el afectado, su capacidad económica, sus vínculos políticos o su relación con la autoridad?

Porque la ley pierde legitimidad cuando el ciudadano percibe que tiene apellidos.

El comercio informal no desaparece con una camioneta

Hay otra realidad que tampoco conviene ignorar.

El comercio en vía pública no es solamente un problema de orden urbano.

Es también un fenómeno económico, social y político.

Para miles de personas representa una fuente de ingresos y, en algunos casos, la única alternativa disponible para sobrevivir.

Eso no significa que cualquier persona pueda apropiarse de una banqueta.

Significa que la autoridad tiene que resolver el problema completo, no solamente moverlo de lugar.

Retirar un puesto puede despejar una calle durante algunas horas, pero si no existe una alternativa de regulación, reubicación, formalización o incorporación a esquemas económicos viables, el puesto regresará.

La camioneta se va. El problema se queda y existe una dimensión política todavía más delicada:

En muchas ciudades, el comercio informal ha sido históricamente utilizado por diferentes actores políticos como estructura de movilización, intermediación y control territorial. No es un fenómeno exclusivo de un partido ni de una administración.

Por eso, precisamente, la autoridad que presume mano dura debería ser todavía más rigurosa con la transparencia de sus criterios.

Porque si la ley se aplica a unos y se negocia con otros, el operativo deja de representar orden y empieza a representar poder.

El gobierno también puede equivocarse de cámara

Hay una escena que debería preocupar a cualquier alcalde.

Un funcionario aparece en redes sociales retirando una estructura.

Miles de personas ven el video.

El equipo de comunicación celebra.

Se habla de autoridad, orden, firmeza, recuperación del espacio público.

Pero quizá el ciudadano que observa la publicación piensa:

“Muy bien. ¿Y cuándo van a tapar el bache de mi calle?”

O:

“Muy bien. ¿Y cuándo va a regresar el agua?”

O:

“Muy bien. ¿Y cuándo van a recoger la basura?”

O:

“Muy bien. ¿Y cuándo van a arreglar la lámpara de mi colonia?”

Ese es el problema de una comunicación pública obsesionada con demostrar autoridad: puede terminar comunicando exactamente lo contrario de lo que pretende.

El gobierno quiere proyectar firmeza.

La ciudadanía puede percibir autoritarismo.

Quiere demostrar cercanía.

Puede parecer oportunismo.

Quiere mostrar eficiencia.

Puede exhibir prioridades equivocadas.

Quiere presumir orden.

Puede terminar recordándole a la gente todo lo que sigue desordenado.

No todo lo que funciona para TikTok funciona para gobernar

La política local está descubriendo el poder de la imagen corta.

Un video de 30 segundos en el que un alcalde derriba una estructura tiene una ventaja comunicativa evidente: es visual, sencillo, emocional y fácil de compartir.

Un programa de mantenimiento hidráulico no.

Una estrategia de seguridad tampoco.

La rehabilitación de una red de drenaje difícilmente se vuelve viral.

La planeación urbana no cabe fácilmente en un reel.

Y tapar 1,750 baches requiere mucho más trabajo que aparecer frente a uno con una pala.

Por cierto, hay gobiernos que sí están intentando comunicar acciones de mayor escala. Miguel Hidalgo anunció en julio de 2026 un programa para atender 1,750 baches, repavimentar 50 calles e intervenir otros 70 tramos prioritarios.

Ahí existe una diferencia fundamental:

una cosa es utilizar la imagen del funcionario trabajando como evidencia de una política pública; otra muy distinta es convertir el trabajo manual del funcionario en la política pública.

La gente no vota por el mazo

El alcalde puede cargar el mazo.

La alcaldesa puede ponerse los guantes.

Pueden retirar mesas, perseguir puestos, levantar vehículos, decomisar mercancía y despejar banquetas.

Todo eso puede ser necesario, pero la ciudadanía no vota por quién golpea más fuerte una estructura metálica. Vota por quién consigue que su ciudad funcione mejor.

Y una ciudad funciona mejor cuando sus calles son transitables, el agua llega, la basura se recoge, las luminarias encienden, el transporte funciona, los espacios públicos son accesibles y la gente puede caminar sin miedo.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el bacheo aparece recurrentemente entre las demandas más sentidas de la población y ha llamado a los gobiernos municipales a destinar recursos para atender las calles.

No es casualidad.

Los baches son pequeños agujeros en el pavimento, pero enormes agujeros en la percepción de gobierno.

Cada golpe de suspensión de servicios de agua recuerda una promesa.

Cada fuga recuerda una deficiencia.

Cada calle oscura recuerda una ausencia.

Cada bolsa de basura acumulada recuerda una autoridad que no llegó.

Y cada vez que un gobierno presume una acción menor mientras el ciudadano padece un problema mayor, la comunicación deja de construir reputación y comienza a construir irritación.

Gobernar no es posar con el problema

Los alcaldes deberían hacerse una pregunta antes de publicar el próximo video:

¿Esta imagen demuestra que resolvimos un problema o solamente que estuvimos presentes cuando lo atendimos parcialmente?

Porque hay una diferencia entre gobernar y posar.

Entre administrar y escenificar.

Entre aplicar la ley y utilizar los actos de ley como contenido.

Entre recuperar el espacio público y utilizar la liberación y limpieza de calles como propaganda.

La autoridad tiene derecho —y obligación— de hacer cumplir las normas.

Pero también tiene la obligación de hacerlo sin humillar, sin discriminar, sin selectividad y sin convertir al ciudadano en enemigo de la administración.

Y, sobre todo, tiene que entender que el orden de una ciudad no se mide por cuántas mesas desaparecieron de una banqueta.

Se mide por la calidad de vida que queda después del operativo.

Porque si después de retirar los tambos siguen los baches; si después de levantar las mesas sigue faltando agua; si después de desmontar los puestos continúa la inseguridad; si después de decomisar mercancía persiste la basura…

entonces quizá el gobierno no está resolviendo el problema: Está resolviendo la fotografía.

Y ese es un lujo que los ciudadanos pueden terminar cobrando en las urnas. Porque gobernar no es aparecer donde está la cámara.Es estar donde está el problema.