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Generar una percepción de malestar en los electores sobre algún candidato o candidata y generar emociones de enojo y frustración se ha convertido en una de las tácticas mediáticas de contraste más recurridas en México.
Los medios de comunicación se han convertido en el campo de batalla en la que se despliegan en plenitud las estrategias de contraste y desgaste del rival en las campañas electorales.
En la actualidad existen más equipos de campaña que prefieren destruir reputaciones que profesionales dedicados a construir, comunicar y convencer con propuestas y soluciones.
Esta práctica invade a pasos agigantados también la forma de hacer pesos y contra pesos a los gobiernos y a las instituciones electorales; hoy nadie se salva de un ataque reputacional y de golpes mediáticamente de bajo nivel y en campaña parece que nadie se salva.
Hoy en día los ataques tienen su origen tanto en los cuartos de guerra de los candidatos punteros en las preferencias electorales que buscan, por esta vía, liquidar inmediatamente a sus perseguidores y, por obviedad, los que no ocupan los primeros sitios difunden eventos o situaciones que, bajo otras circunstancias, no hubieran estado en la agenda pública jamás.
Esta actividad de desmotivación de estructuras y simpatizantes de la persona atacada también obliga a destinar recursos y tiempo valiosos para orquestar una defensa y, quizá, un contraataque.
Sin embargo, este intercambio de ataque no queda en la esfera de las campañas electores o la batalla de partidos y candidatos, sino que se extiende en los siguientes aspectos.
Voto nulo y baja participación en la jornada electoral.
La intensidad de la guerra incide y es proporcionalmente reflejo en la participación ciudadana el día de las elecciones. Entre más sucias son las campañas, mayor el hartazgo y menor presencia de las personas votantes en las urnas o mayor índice de voto nulo.
En las últimas elecciones en América Latina ha sido documentado que cuando la agenda mediática es depositaria del ataque entre aspirantes y no la difusión de las propuestas, las soluciones o alternativas, sube el consumo mediático, pero desalienta el voto informado.
Desconfianza en el árbitro electoral.
La normatividad en muchos países no regula específicamente el uso de tácticas de inteligencia y contra inteligencia mediática en las guerras de contraste o no se aplica con rigor como en el caso mexicano, se genera la percepción de que es una contienda electoral bajo el encuadre de que “Lo que no está prohibido, está permitido” “donde se vale todo, hasta que no sancione la autoridad”, desvirtuando así la imagen de la autoridad electoral.
En diversos foros internacionales se ha condenado está práctica, sin embargo, no está reglamentado en ninguna legislación con profundidad el aumento de noticias falsas y la postverdad como herramienta principal de campaña.
La primera consideración al respecto es que los candidatos o los inexpertos colaboradores de las y los aspirantes son muchas veces mal asesorados, y no están preparados para documentar y contrastar propuestas, sino que prefieren el camino rápido de la difamación, diatriba o el engaño para dañar la reputación de su rival, como última instancia para ganar, sin considerar los daños que generan a la construcción de ciudadanía y de una comunidad bien informada que piensan a futuro gobernar.
Por otro lado, los equipos receptores del ataque de los golpes mediáticos difícilmente cuentan con planes de contención de daños y de crisis para eviten un desgate innecesario y proteger la reputación de su candidato y de su partido.
En este proceso electoral los golpes mediáticos ya están en escena están acompañados de noticias falsas y de millones de spots electorales de radio y de televisión que se vuelven irrelevantes ante la efervescencia y morbo que genera un rumor o unas noticias escandalosa.
Si lo que se busca es recuperar la confianza de los ciudadanos en los candidatos y sus partidos políticos, la guerra mediática no es la solución más efectiva.
Si lo que busca es frenar a su contrincante para ganar una elección, recuerde el efecto bumerang que ello implica para todos los actores políticos, sociedad e instituciones electorales.